En una jornada marcada por el luto simbólico y la movilización, las asociaciones de trabajadores de la educación de Magallanes, junto al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), alzaron la voz tras la recientes hechos ocurridos a nivel nacional y también regional.
La presidenta del colegio regional de profesores, Alicia Aguilante calificó el momento como un «punto de inflexión», exigiendo que el Estado deje de reaccionar a los hechos consumados y comience a invertir en prevención y salud mental.
Exigen que el Estado proporcione profesionales de salud mental permanentes en los hospitales y redes de apoyo para atender el daño emocional de los jóvenes desde temprana edad.
Reafirman que su labor es educar, pero que esto es imposible sin un entorno que garantice la seguridad básica de los funcionarios. Criticaron la lentitud del sistema, señalando que las soluciones administrativas suelen ser tardías, lo que deriva en situaciones de violencia evitables.
Aguilante dijo que tanto autoridades como trabajadores coincidieron en un mensaje directo al Gobierno y al Congreso: la necesidad de leyes robustas que inyecten recursos directos a los establecimientos para el manejo de crisis y el apoyo psicopedagógico.
«Nuestro empleador debe ser parte activa de esta solución; no podemos seguir esperando respuestas administrativas mientras nuestros colegas son agredidos», concluyeron los representantes gremiales.
