Una fuerte controversia se ha generado en torno al desistimiento de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo instruyera frenar el proceso como parte de un plan de ajuste fiscal. La medida ha provocado incertidumbre entre autoridades locales y preocupación por el eventual destino de millonarios recursos comprometidos.
En conversación radial, el ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe, calificó la decisión como “lamentable” y apuntó a un retroceso en un proyecto que según explicó se trabajó durante años con una visión de largo plazo para la región.
“Acá hay una decisión unilateral y centralista respecto de una iniciativa que buscaba recuperar 20 hectáreas en pleno corazón de Punta Arenas para desarrollar un gran parque urbano”, señaló.
Uribe explicó que el proceso de expropiación no fue improvisado, sino el resultado de un trabajo técnico sostenido durante años, con participación tanto de equipos regionales como del nivel central.
“El objetivo era recuperar este terreno para la ciudadanía, con una visión de futuro. No era un proyecto de corto plazo ni de un gobierno en particular”, afirmó.
Además, destacó que la iniciativa contaba con financiamiento compartido entre el Ministerio y el Gobierno Regional, incluyendo más de 10 mil millones de pesos aprobados por el Consejo Regional.
Respecto al estado actual, indicó que los recursos ya fueron consignados en tribunales y que el terreno se encontraba en proceso de toma de posesión por parte del Serviu, aunque dicho avance se vio retrasado por acciones judiciales.
Sin embargo, advirtió que la paralización podría tener consecuencias graves:
“Si esto se frena desde el nivel central, no hay ninguna garantía de que los más de 21 mil millones de pesos comprometidos vuelvan a la región. Eso es de una irresponsabilidad tremenda”.
Uno de los puntos de conflicto ha sido el monto de la indemnización. Mientras inicialmente se estableció una cifra cercana a los 22,7 millones de dólares, los propietarios estarían solicitando más del doble.
Uribe sostuvo que esta situación era esperable y que deberá resolverse en tribunales. “Se presentó un informe de tasación elaborado por peritos expertos, donde se establecía un monto que en su momento se consideraba justo para ambas partes”, explicó.
Asimismo, aclaró que el terreno posee restricciones normativas que limitan su uso actual exclusivamente a actividades hípicas, lo que influye en su valoración.
“Para cambiar eso, el terreno debe pasar a manos del Estado. Recién ahí se puede realizar la habilitación normativa. Técnicamente no es posible hacerlo antes”, enfatizó, descartando versiones que apuntaban a un procedimiento distinto.
Consultado sobre si el proceso podría revertirse, el exseremi indicó que, bajo la Ley de Expropiaciones, existe esa posibilidad.
No obstante, insistió en la necesidad de generar un diálogo amplio: “El llamado es al Gobierno Regional, a autoridades políticas y a la sociedad civil, para discutir qué es lo que queremos para nuestra región”.
Uribe también alertó sobre las consecuencias que esta situación podría tener en la confianza pública.
“La ciudadanía empieza a perder la confianza en la función pública. Nos ilusionamos con proyectos que después se frenan, y vemos cómo la ciudad no avanza”, señaló.
En esa línea, recalcó que el proyecto no estaba destinado únicamente a la construcción de viviendas, como se planteó en algún momento, sino que contemplaba un beneficio más amplio.
“Se trataba de destinar 20 hectáreas en pleno centro para toda la comunidad, para los más de 130 mil habitantes de Punta Arenas. Es un beneficio mayor que esperamos no se pierda”.
Actualmente, el escenario es incierto. Según se ha señalado, distintas autoridades locales tampoco manejan claridad respecto de los próximos pasos.
“Hoy hay una incertidumbre absoluta. Nadie sabe con certeza qué va a pasar”, concluyó Uribe, manifestando su preocupación por el posible abandono de una iniciativa que, asegura, respondía a una visión de desarrollo para la ciudad.
