Chile dio un paso clave en la preparación frente a la crisis climática con la elaboración del primer Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos (PACC-RH), iniciativa que contempla 10 medidas y 35 acciones destinadas a fortalecer la seguridad hídrica del país.
El plan, impulsado por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas de Chile, contempla una inversión estimada de 87 millones de dólares para enfrentar los efectos del cambio climático, especialmente fenómenos como sequías, inundaciones y deterioro de la calidad del agua.
La iniciativa también contó con la colaboración técnica del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la participación de la Subsecretaría de Hacienda de Chile y el financiamiento del Fondo Verde para el Clima a través del proyecto Readiness. Actualmente el documento se encuentra en la Contraloría General de la República de Chile para su toma de razón.
Durante una jornada de difusión realizada en el Palacio Pereira, que reunió a más de 360 participantes de manera presencial y vía streaming, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que el plan se sustenta en la institucionalidad creada por la Ley Marco de Cambio Climático de Chile, promulgada en 2022, junto con la reforma al Código de Aguas de Chile.
“Esta institucionalidad es una responsabilidad del Estado para asegurar que los chilenos y chilenas estén mejor preparados frente a la crisis del cambio climático. Esperamos la toma de razón para comenzar a implementar el plan y asegurar la seguridad hídrica del país”, señaló la ministra.
Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, subrayó que el plan requerirá la participación de diversas instituciones y actores, incluyendo al sector privado. En ese sentido, indicó que se han identificado esquemas de colaboración público-privada y una cartera de inversiones orientada a enfrentar los desafíos del cambio climático en materia de agua.
En representación de la FAO en Chile, Joao Intini destacó que el plan constituye una herramienta clave para reducir riesgos y avanzar hacia una gestión del agua más resiliente frente a eventos extremos.
El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, explicó que el conjunto de medidas del plan tiene un costo preliminar de 84 mil 795 millones de pesos, destinados principalmente a la instalación de estaciones de monitoreo, iniciativas para servicios sanitarios rurales y la elaboración de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, los que se proyectan ejecutar en un plazo de cinco años.
Sanhueza señaló que el plan es resultado de más de dos años de trabajo técnico y participativo, desarrollado junto a regiones, actores productivos, comunidades y grupos vulnerables.
El plan ya registra algunos avances en su implementación. El seremi del Ministerio de Obras Públicas de Chile, José Luis Hernández, explicó que se está trabajando en la elaboración de indicadores de seguridad hídrica por cuenca, herramientas que permitirán apoyar la toma de decisiones frente al cambio climático.
Estos indicadores permitirán evaluar la capacidad de cada cuenca para asegurar agua en cantidad y calidad suficientes para el consumo humano, los ecosistemas y las actividades productivas, además de enfrentar fenómenos como sequías, inundaciones o contaminación.
Entre otras acciones en desarrollo se encuentra la elaboración de una estrategia para incentivar la participación del sector privado en el financiamiento de medidas de adaptación, así como el análisis del desempeño del instrumento voluntario Certificado Azul, mediante el cual empresas implementan acciones de resiliencia frente al cambio climático.
Asimismo, durante el segundo trimestre de este año se proyecta entregar material informativo para apoyar a los municipios en la adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos hídricos.
El plan forma parte de la estrategia nacional para enfrentar la crisis climática y avanzar hacia una gestión sostenible del agua, considerada uno de los principales desafíos ambientales y productivos del país en las próximas décadas.
