En esta oportunidad, 64 candidatos y candidatas participarán en la elección para ocupar los siguientes cupos disponibles en el Consejo Nacional: 4 representantes del pueblo mapuche, 1 representante likanantay o atacameño, 1 representante aymara, 1 representante rapa nui, 1 representante indígena con domicilio en zona urbana.
La votación se realizará el domingo 19 de abril de 2026, y las personas habilitadas podrán sufragar en cualquiera de los locales dispuestos a lo largo del país, sin necesidad de acudir a un recinto en su comuna o región de residencia.
En el sitio web institucional, las personas interesadas pueden revisar el listado oficial de postulantes al Consejo Nacional de CONADI, una muestra del facsímil del voto, y acceder a la herramienta para verificar con RUT si se encuentran habilitadas para participar en este proceso.
Fortalecer la Ley Indígena
“El sitio web de CONADI contará siempre con la información oficial y actualizada del proceso, por lo que invitamos con entusiasmo a las personas a ser parte de esta importante instancia”, explicó Álvaro Morales Marileo, director nacional de CONADI. Agregó además que “la participación en este proceso contribuye a fortalecer la institucionalidad establecida en la Ley Indígena N.º 19.253 y el rol fundamental que desempeñan los pueblos indígenas en la toma de decisiones”.
Por su parte, Danilo Mimica Mansilla, Seremi de Desarrollo Social y Familia recordó que “La elección de los representantes indígenas ante CONADI es un proceso participativo y democrático que involucra a las personas indígenas de todo Chile, por lo que la Región de Magallanes, que cuenta con la presencia de 4 pueblos indígenas (kawésqar, selknam, yagán y mapuche), está especialmente invitada a participar. Los consejeros nacionales indígenas ante CONADI tiene una importante misión de representación, pues constituyen la voz de todos los pueblos indígenas de Chile”.
Cabe señalar que el Consejo Nacional de CONADI es un órgano compuesto por representantes indígenas y autoridades gubernamentales, que asesora y participa en la formulación de políticas públicas para pueblos originarios, siendo su función principal defender los derechos, tierras y desarrollo integral de las familias y comunidades indígenas.
