El consejero regional Juan Morano Cornejo informó sobre los resultados de una reunión de emergencia que calificó como clave para las finanzas de la región, realizada entre la Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES) y la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales.
En la instancia, Magallanes estuvo representada por la gobernadora regional suplente, junto a la encargada de presupuesto de la DIPRES, logrando un acuerdo parcial pero significativo para enfrentar la crisis de liquidez que afecta a la zona.
El principal avance fue la resolución de la transferencia de recursos destinados a cubrir la deuda flotante. Según detalló Morano, a partir de mañana comenzará el traspaso de aproximadamente $15.500 millones, monto que será destinado exclusivamente a saldar compromisos finiquitados y facturados al 31 de diciembre de 2025.
Con esta inyección de recursos, el Gobierno Regional podrá iniciar la regularización de pagos pendientes correspondientes a noviembre y diciembre, entregando un respiro urgente a proveedores y contratistas que enfrentan dificultades para cumplir con obligaciones como sueldos y leyes sociales.
No obstante, aún queda una parte relevante del flujo financiero por normalizar. El panorama presupuestario se divide en dos grandes componentes: los $15.500 millones de transferencia inmediata para deudas facturadas a diciembre de 2025 y otros $18.000 millones que dependen de la toma de razón de la Contraloría General de la República de Chile respecto del presupuesto vigente.
En total, la deuda del nivel central con la región alcanza los $33.000 millones, cifra que según lo proyectado debería quedar completamente regularizada hacia fines de febrero, con un plazo estimado de normalización total de 10 días hábiles.
“La situación es compleja: hay empresas regionales con problemas graves para pagar sueldos y leyes sociales. Aunque no logramos el 100% hoy, esta apertura de la DIPRES permitirá avanzar en la regularización del flujo de caja”, señaló Morano.
La demora en las transferencias desde el nivel central ha generado un efecto dominó en la economía local, afectando la operatividad de diversas instituciones y la estabilidad laboral en proyectos de infraestructura. Con el inicio de estos pagos, se espera frenar el deterioro financiero de empresas regionales que prestan servicios al Estado y que hoy se encuentran en una situación crítica.
