Un grave escenario financiero quedó al descubierto tras la auditoría al Gobierno Regional de Magallanes, la cual reveló un profundo desorden administrativo, falta de información y millonarios recursos públicos sin rendición ni cierre formal de proyectos. Así lo expuso el consejero regional por la provincia de Última Esperanza, Max Salas, quien calificó la situación como “extremadamente delicada” y exigió asumir responsabilidades políticas al más alto nivel.
Según explicó el consejero, el informe de auditoría —encargado en 2023 pero iniciado recién en 2025— evidenció que la norma dentro del GORE ha sido el desorden y la ausencia de información confiable. De hecho, los auditores no pudieron validar los estados financieros de los años 2022 y 2023, ya que no existían antecedentes suficientes para determinar el destino final de los recursos.
Entre las cifras más preocupantes, Salas destacó la existencia de 61 mil millones de pesos “en la calle”, es decir, fondos que salieron del Gobierno Regional sin que exista rendición ni cierre administrativo. A esto se suma otro monto aún mayor: 600 mil millones de pesos correspondientes a proyectos aprobados y financiados, pero que nunca fueron cerrados, quedando en un verdadero limbo administrativo.
“El problema es tan grave que la auditoría no pudo concluir si los recursos fueron bien o mal utilizados, simplemente porque no hay información. Este nivel de desorden es el contexto perfecto para el mal uso de los fondos públicos”, advirtió el consejero.
Respecto de las responsabilidades, Salas fue enfático en señalar que la principal recae en el gobernador regional, ya que —a su juicio— esta situación no responde a hechos fortuitos, sino a una falta de gestión y liderazgo. A ello sumó responsabilidades políticas en las jefaturas de confianza directa del gobernador, como la administradora regional y los jefes de división.
En ese marco, el consejero sostuvo que es “insostenible” que la actual administradora regional, Eugenia Mancilla, continúe en su cargo. Si bien reconoció su trayectoria política, cuestionó duramente sus capacidades técnicas para administrar recursos públicos.
“Tenemos solo dos escenarios posibles: o se entrega información incorrecta de manera intencional al Consejo Regional, o no se entiende el funcionamiento del sistema y se informa mal. En cualquiera de los dos casos, no es razonable que continúe en el cargo”, afirmó.
Finalmente, Salas indicó que, si bien el gobernador señaló que aún no existe un plan de acción concreto —argumentando que la auditoría fue conocida recientemente—, espera que no se descarten medidas drásticas, incluyendo eventuales remociones, para restablecer la transparencia y el orden en la administración de los recursos regionales.
