Este jueves 19 de noviembre comenzaron a regir las medidas contempladas en la nueva ley para contener el alza de los combustibles y reducir su impacto en la economía de los hogares, en medio del incremento de los precios internacionales provocado por el conflicto en Medio Oriente.
La normativa establece un régimen excepcional que fija como límite máximo los precios de las gasolinas y el diésel vigentes al 5 de noviembre de 2026. Con esta medida, se contempla una disminución de $39 por litro en las gasolinas y de $142 en el diésel, este último considerando una rebaja adicional de $100 por litro.
Los valores se mantendrán como límite máximo hasta el 7 de abril de 2027, fecha hasta la cual podrían registrarse nuevas disminuciones. Desde el 8 de abril se retomará el funcionamiento habitual del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).
La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó que la iniciativa busca aliviar el presupuesto de las familias, considerando el impacto que tienen los combustibles en los costos de transporte y el costo de vida.
Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, explicó que esta medida se suma a otras acciones implementadas por el Gobierno, como el congelamiento de las tarifas del transporte público, el precio de la parafina y la entrega de bonos para taxis, colectivos y transporte escolar.
La legislación también contempla beneficios tributarios que estarán vigentes entre enero y diciembre de 2027 para las empresas de transporte de carga. Estas podrán recuperar parte del impuesto específico al diésel, con porcentajes diferenciados según sus ingresos: 90% para empresas con ventas de hasta 6.000 UF, 65% para aquellas que registren entre 6.000 y 20.000 UF, y 50% para las que superen ese último tramo.
En el caso del transporte público de pasajeros, se aumentará del 35% al 70% el reintegro parcial de peajes para buses rurales, interurbanos e internacionales. Además, se incorporará un crédito tributario bajo los mismos tramos de ingresos establecidos para el transporte de carga.
El seremi de Hacienda, Manuel José Correa, destacó el impacto que estas medidas pueden tener en Magallanes, considerando los elevados costos logísticos que enfrenta la región para el traslado de alimentos y otras mercancías.
La autoridad señaló que los beneficios permitirán entregar un alivio al sector del transporte y contribuir a contener las presiones sobre los costos de producción y el precio de los productos que llegan a la zona austral.

El esfuerzo fiscal estimado para implementar estas medidas alcanza los $820.587 millones entre 2026 y 2028.












