La diputada Sandra Morales levantó una dura crítica al interior del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, luego de que funcionarios del propio organismo ingresaran una denuncia ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en procesos administrativos y licitaciones.
Según el antecedente presentado ante el ente fiscalizador, se habrían manipulado o falseado procedimientos para justificar contrataciones directas asociadas a montos elevados, recursos que corresponden íntegramente a fondos públicos destinados al funcionamiento de los establecimientos educacionales de la región. La situación, calificada como “gravísima” por la parlamentaria, abre un nuevo flanco para el SLEP Magallanes en un contexto ya marcado por cuestionamientos internos y externos a su gestión.
Morales recordó que fue la única parlamentaria regional que apoyó la creación del SLEP, destacando que su voto favorable respondió a dos elementos: la falta de recursos en los municipios para asegurar el pago oportuno de remuneraciones y la convicción de que el nuevo modelo permitiría una administración más justa y enfocada en las necesidades de estudiantes, docentes y comunidades educativas.
“Lo hice confiando en que cada peso público iba a ser gastado en la educación de los jóvenes de Magallanes. Y eso, al parecer, no está ocurriendo”, señaló la diputada, remarcando que las denuncias provenientes de funcionarios del propio organismo dan un carácter aún más delicado al caso
La legisladora confirmó que ya inició gestiones formales para que la Contraloría priorice la revisión de los antecedentes y entregue una resolución en el menor tiempo posible. En esa línea, sostuvo que cualquier hallazgo que dé cuenta de irregularidades debe traducirse en medidas inmediatas.
“Quienes han sido responsables de estas irregularidades tienen que salir del servicio”, afirmó de manera categórica, agregando que el daño generado no solo afecta el uso correcto de los fondos públicos, sino también la confianza de las comunidades educativas que esperan un servicio eficiente, transparente y centrado en la mejora de la educación pública.
Mientras se espera la respuesta del órgano contralor, la denuncia ya genera inquietud entre docentes, asistentes de la educación y apoderados, quienes mantienen la expectativa de que se aclaren los hechos y se resguarden los recursos destinados al funcionamiento de los establecimientos de la región.
