La Asociación Sur Docentes de Magallanes (ASUMA) manifestó su preocupación por los antecedentes expuestos públicamente por el director ejecutivo titular del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, actualmente suspendido, y llamó a esclarecer institucionalmente las decisiones que han afectado a la educación pública de la región.
A través de un comunicado fechado este 9 de septiembre, la organización sostuvo que las comunidades educativas tienen derecho a conocer qué ocurrió, por qué se adoptaron determinadas decisiones y quiénes deben asumir responsabilidades por sus consecuencias.
ASUMA señaló que no valida anticipadamente ninguna versión sobre la situación, pero consideró necesario que los antecedentes sean investigados y aclarados “con transparencia y responsabilidad”.
Desde la asociación plantearon además que la situación del SLEP Magallanes no puede atribuirse únicamente a una persona o administración, sino que responde, a su juicio, a un problema estructural relacionado con políticas de ajuste y restricciones presupuestarias implementadas durante los últimos años.
Según ASUMA, esto se ha traducido en una reducción de dotaciones, disminución de horas, dificultades para cubrir reemplazos y una creciente precarización del servicio educativo, afectando la continuidad pedagógica y aumentando la carga laboral de quienes trabajan en establecimientos educacionales.
“Nuestros docentes no sobran. Se necesitan en las aulas”, enfatizó la organización.
En el documento, ASUMA también planteó la necesidad de contar con un SLEP con capacidad efectiva para resolver los problemas que enfrenta la educación pública regional.
La asociación sostuvo que quien conduzca el SLEP Magallanes debe contar con respaldo institucional, atribuciones reales y capacidad de resolución, incluyendo la posibilidad de un eventual retorno del director ejecutivo titular.
Asimismo, cuestionó que los espacios de diálogo se limiten a recoger inquietudes sin generar soluciones. “No necesitamos diálogo para escuchar por escuchar. Necesitamos diálogo para resolver”, señalaron.
Otro de los puntos planteados apunta al financiamiento. ASUMA llamó al Estado a garantizar recursos suficientes y estables para el funcionamiento de la educación pública en cada territorio, proponiendo avanzar hacia un financiamiento basal que permita proyectar las dotaciones, asegurar reemplazos y garantizar la continuidad pedagógica.
Finalmente, la asociación sostuvo que las dificultades financieras del Estado no pueden resolverse debilitando los establecimientos educacionales, afectando empleos o precarizando la educación pública.
“La educación pública no puede seguir dependiendo de los ajustes del gobierno de turno”, afirmó ASUMA, que demandó mayor certeza, planificación, recursos suficientes y autoridades que asuman responsabilidades y tengan capacidad de respuesta frente a las dificultades que enfrenta el sistema educativo regional.
La organización reafirmó, además, su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública y con mejores condiciones para que docentes y funcionarios puedan desarrollar adecuadamente su labor.
