La nueva normativa establece penas de hasta cinco años de presidio y busca fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios y combatir el crimen organizado.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional (s) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, destacaron los alcances de la nueva Ley Antipelotazos, normativa recientemente promulgada que fortalece la seguridad de los establecimientos penitenciarios y endurece las sanciones para quienes intenten ingresar elementos prohibidos a las cárceles.
La autoridad regional de Justicia explicó que la legislación se suma al conjunto de medidas impulsadas por el Estado para enfrentar el crimen organizado y reforzar la seguridad penitenciaria.
“El Ministerio de Justicia ha impulsado fuertemente toda la legislación orientada a robustecer nuestras capacidades para enfrentar el crimen organizado. La Ley Antipelotazos viene a reforzar este trabajo, estableciendo penas que van desde los tres hasta los cinco años de presidio para quienes intenten ingresar elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios por lugares o vías no autorizadas”, señaló Fernández.
Desde Gendarmería valoraron la entrada en vigencia de la normativa, considerando que constituye una nueva herramienta para fortalecer las labores de prevención y control que se desarrollan diariamente en las unidades penales.
El director regional (s) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, advirtió sobre los riesgos asociados al lanzamiento de objetos hacia el interior de los recintos.
“El lanzamiento de objetos desde el exterior hacia las cárceles genera riesgos para la seguridad del establecimiento, del personal penitenciario y de las propias personas privadas de libertad. Esta legislación fortalece nuestra capacidad de respuesta y contribuye a prevenir este tipo de hechos”.
El oficial agregó que durante este año se ha observado un aumento de los intentos de ingreso de elementos mediante lanzamientos desde el exterior, una modalidad que anteriormente no presentaba una presencia significativa en la región.
La nueva legislación sanciona tanto el ingreso como el intento de ingreso de objetos o sustancias mediante lanzamientos u otros mecanismos no autorizados. Incluso contempla situaciones en que el elemento no pueda ser recuperado o cuando no sea posible determinar con certeza su contenido.
Asimismo, establece sanciones para las personas privadas de libertad que sean sorprendidas portando artículos que hayan ingresado a los recintos penitenciarios por esta vía.
Con estas modificaciones, la normativa busca reducir los espacios de impunidad y fortalecer la seguridad en el perímetro de las cárceles, dificultando las acciones de organizaciones criminales que intentan introducir elementos prohibidos para mantener actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos.
Entre los artículos que pueden ser objeto de estos procedimientos se encuentran teléfonos celulares, drogas, armas, dinero y otros elementos cuya posesión se encuentra prohibida al interior de las unidades penitenciarias.
Las autoridades regionales destacaron que la aplicación de esta ley permitirá reforzar las medidas de control y prevención, entregando nuevas herramientas para enfrentar las distintas modalidades utilizadas para vulnerar la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
