Cinco personas fueron detenidas y quedaron en prisión preventiva tras una investigación de casi diez meses. El operativo permitió incautar más de 56 mil cajetillas de cigarrillos, armas, drogas, combustible, dinero en efectivo y seis vehículos. El avalúo de la mercancía bordea los $400 millones.
Una organización criminal dedicada al ingreso y comercialización ilegal de cigarrillos provenientes de Argentina fue desarticulada en la Región de Magallanes, tras una investigación desarrollada durante cerca de diez meses por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local y con apoyo de la Autoridad Marítima.
La estructura es investigada por los delitos de contrabando de cigarrillos, asociación criminal y lavado de activos, estableciéndose que sus integrantes coordinaban el traslado, acopio y posterior comercialización de los productos, que ingresaban al país desde la provincia argentina de Tierra del Fuego a través de pasos no habilitados.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, posteriormente los cigarrillos eran trasladados a través del Estrecho de Magallanes hasta Punta Arenas, donde eran distribuidos y comercializados.
El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, explicó que se trataba de una estructura organizada que mantenía una logística destinada a concretar el ingreso clandestino de las mercancías.
«Estamos hablando de una estructura criminal que se dedicaba a internar diversas cantidades de cigarrillos desde la provincia argentina de Tierra del Fuego, por pasos no habilitados. Luego atravesaban el Estrecho de Magallanes para llegar hasta Punta Arenas, con la finalidad de distribuirlos y comercializarlos», señaló.
La investigación tuvo su momento decisivo el pasado 4 de agosto, cuando detectives establecieron que uno de los vehículos utilizados por la organización se trasladaría desde Tierra del Fuego hacia Punta Arenas transportando una importante cantidad de cigarrillos.
A partir de estos antecedentes se desplegó un operativo conjunto entre la PDI y la Policía Marítima. Detectives de la Brilac Punta Arenas, junto a personal de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, concurrieron hasta el sector de Punta Delgada, donde concretaron la detención en flagrancia de dos integrantes que se encontraban bajo investigación.
El gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío litoral Francisco Arias, destacó la coordinación entre las instituciones y explicó que la Autoridad Marítima participó directamente en la fiscalización.
«Efectuamos una fiscalización en conjunto con la PDI, a bordo del ferry que se encontraba efectuando su tránsito desde Bahía Azul a Punta Delgada. Allí se pudo detectar oportunamente un vehículo con carga de cigarrillos de contrabando», indicó.
Con estos antecedentes, el Ministerio Público obtuvo nuevas órdenes de detención y de entrada y registro para los domicilios de los restantes integrantes de la organización.
Durante la madrugada del 5 de agosto, detectives de la Brilac, con apoyo de otras unidades policiales, realizaron los allanamientos y concretaron la detención de otras tres personas.
De esta manera, fueron detenidos en total cinco ciudadanos chilenos, quienes posteriormente fueron puestos a disposición de la justicia.
Uno de los principales resultados del operativo fue la incautación de 56.608 cajetillas de cigarrillos, cuyo avalúo comercial alcanza aproximadamente los $400 millones, mientras que el perjuicio fiscal estimado bordea los $270 millones.
Aldo Villarroel, jefe de Análisis de la Dirección Regional de Aduanas de Punta Arenas, valoró el trabajo interagencial desplegado para detectar este tipo de ilícitos.
Además de los cigarrillos, durante los procedimientos fueron incautados más de $19 millones en dinero efectivo, correspondientes a pesos chilenos y argentinos, pesos colombianos, dólares estadounidenses y euros.
El procedimiento también permitió decomisar dos armas, bidones con combustible y seis vehículos, algunos de ellos de alta gama.
El prefecto Pablo Merino, jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes, destacó que la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal con distintos roles y medios logísticos.
«La PDI, a través de su Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía, en un trabajo de cerca de diez meses, logró identificar y desbaratar una estructura criminal compuesta por cinco personas de nacionalidad chilena. Se logró la incautación de miles de cajetillas de cigarrillos, armas, droga, combustible y dinero en efectivo de moneda chilena y extranjera», afirmó.
La investigación no solo permitió establecer la presunta actividad de contrabando, sino también detectar antecedentes que apuntarían a maniobras destinadas a ocultar el origen de recursos obtenidos mediante las actividades ilícitas.
La fiscal Johana Irribarra explicó que parte de las indagatorias por lavado de activos se relaciona con la adquisición de bienes cuyo valor no sería consistente con los ingresos acreditados por los imputados.
«Algunos de los hechos por los que se formalizó, que son algunas maniobras del lavado de activos, tienen que ver con la adquisición de vehículos, que van más allá del patrimonio que pueden demostrar contablemente», detalló.
Este viernes, los cinco detenidos fueron formalizados por los delitos de contrabando y asociación criminal, mientras que algunos de ellos además enfrentaron cargos por lavado de activos. El tribunal decretó para todos la medida cautelar de prisión preventiva.
La delegada presidencial regional, Ericka Farías, valoró el resultado de la investigación y destacó la coordinación entre las instituciones que participan en el control de las fronteras regionales.
«Esta investigación de varios meses demuestra algo súper importante, que es el trabajo coordinado entre las policías y los distintos servicios públicos que tienen competencia en materia de frontera», señaló.
La autoridad agregó que se trabaja en nuevas medidas para fortalecer la seguridad fronteriza, incluyendo mejoras legislativas, nuevas estrategias y herramientas tecnológicas.
Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, afirmó que el contrabando constituye uno de los delitos priorizados dentro de la planificación regional contra el crimen organizado.
«Esta operación que se ha realizado tiene una alta connotación, ya que el delito de contrabando es un delito priorizado en nuestra planificación de seguridad regional, en relación con el crimen organizado. Este tipo de operativos se seguirán realizando, ya sea a través de controles y fiscalizaciones y mediante las investigaciones que realice el Ministerio Público», sostuvo.
La investigación continúa para determinar el alcance total de la organización, establecer el origen y destino de los recursos involucrados y determinar si existen otros participantes vinculados a la estructura criminal.
