En “Tribuna Magallánica” , el director del instituto nacional de derechos humanos en la región, Cristian Figueroa y la abogada del servicio Marly Saldivia abordaron la complejidad actual de su labor y manifestaron su profunda preocupación por casos de connotación regional y nacional, reiterando la urgencia de traspasar ciertas causas desde la justicia militar a la justicia civil.
Uno de los temas centrales de la discusión fue el fallecimiento del Cabo Palacio, un joven militar de 25 años que perdió la vida en la región durante un ejercicio que, según los antecedentes preliminares, no contaba con las autorizaciones pertinentes ni respetó los protocolos institucionales de la cadena de mando.
Desde el INDH calificaron el hecho como un presunto apremio legítimo o trato cruel, inhumano y degradante con resultado de muerte, descartando la tesis de un simple cuasidelito. A esto se suman las denuncias de sus propios compañeros y registros comunicacionales con su familia que apuntan a que el joven sufría de acoso laboral psicológico sistemático dentro de la institución. A si lo expresa Marly Saldivia.
Sobre el actuar del instituto en el caso Ricardo Harex, El INDH denunció negligencias iniciales que hicieron perder información clave en la desaparición del joven. Hicieron un llamado a romper «pactos de silencio» para que testigos o exfuncionarios aporten datos, valorando además el rol de las agrupaciones civiles.
Autonomía presupuestaria: Se destacó que el INDH es un organismo público autónomo. Para evitar sesgos ideológicos y debates políticos anuales en el Congreso, proponen que el instituto cuente con un presupuesto permanente y blindado, siguiendo recomendaciones internacionales.
Crisis carcelaria y reinserción: El INDH advirtió que el enfoque punitivo actual (basado solo en el castigo, hacinamiento y aumento de penas) ha fracasado, generando una alta reincidencia. Proponen un acuerdo nacional que fortalezca a Gendarmería, proteja los derechos básicos en las cárceles para lograr una verdadera rehabilitación y deje de ver la construcción de más prisiones como la única solución al delito. Lo manifiesta Cristián Figueroa.
