La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Magallanes presentó una querella por apremios ilegítimos tras la muerte del cabo segundo Carlos Palacios Muñoz, ocurrida en marzo de 2026 durante una actividad de preparación militar en la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos de Punta Arenas.
La acción judicial se fundamenta en antecedentes que apuntan a que el joven militar habría sido víctima de hostigamiento psicológico desde su llegada a la unidad y posteriormente obligado a participar en una prueba de natación bajo condiciones consideradas peligrosas incluso por el propio personal a cargo del ejercicio.
Según los antecedentes expuestos por el INDH, la actividad se realizó en un sector con agua turbia, escasa visibilidad, gran profundidad y bajas temperaturas. Además, el cabo habría efectuado la prueba sin la boya de flotación reglamentaria, sin autorización del mando superior y en contravención a los protocolos de seguridad establecidos por el Ejército.
Tras el fallecimiento, el Servicio Médico Legal determinó que la causa de muerte correspondió a una asfixia por sumersión.
En un fallo emitido el pasado 29 de mayo, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió los planteamientos presentados y resolvió que la investigación deberá ser desarrollada por la justicia civil. Para ello, solicitó que la Fiscalía Militar se inhiba de continuar conociendo los antecedentes y remita la causa al Ministerio Público.
El jefe regional del INDH en Magallanes, Cristián Figueroa, valoró la decisión judicial y señaló que la resolución reafirma la necesidad de que este tipo de investigaciones sean desarrolladas por órganos independientes.
“Esta resolución reafirma que cuando están comprometidos derechos fundamentales como la vida, la integridad y la dignidad de las personas, las investigaciones deben desarrollarse en la justicia civil, con garantías de independencia y debido proceso”, sostuvo.
Asimismo, manifestó que la institución espera una investigación exhaustiva que permita esclarecer completamente los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
En la querella presentada, el INDH sostiene que los hechos podrían configurar el delito de apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, argumentando que funcionarios militares habrían abusado de su posición jerárquica e infringido reglamentos institucionales al someter al cabo a condiciones que pusieron en riesgo su integridad.
La institución plantea que la víctima se encontraba en una situación de subordinación que le impedía oponerse al trato recibido, elemento que forma parte de los antecedentes incorporados a la acción judicial.
El organismo también recordó que diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que las personas deben ser juzgadas por tribunales competentes e independientes.
En ese contexto, el INDH sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la jurisdicción militar tiene un carácter excepcional y debe limitarse únicamente a delitos que afecten bienes jurídicos estrictamente militares.
La investigación continuará ahora bajo la conducción del Ministerio Público, instancia que deberá determinar las circunstancias que rodearon la muerte del cabo segundo Carlos Palacios Muñoz y las eventuales responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.
