El diputado Alejandro Riquelme emplazó al Consejo Regional a evaluar medidas institucionales tras la publicación del Informe Final de Investigación Especial N.º 26 de 2026 de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, documento que identifica una serie de irregularidades administrativas y incumplimientos legales atribuidos al Gobierno Regional durante el período 2021-2025.
Según sostuvo el parlamentario, el informe se suma a otros antecedentes emitidos previamente por el organismo fiscalizador y evidenciaría problemas persistentes relacionados con transparencia, control interno y respuesta a procesos de fiscalización.
“La ley es clara: no publicar las cuentas públicas es causal de notable abandono de deberes. Es hora de que el Consejo Regional actúe, porque Magallanes no resiste más impunidad”, afirmó Riquelme.
Uno de los principales puntos observados por Contraloría corresponde al incumplimiento en la publicación de balances de ejecución presupuestaria y estados de situación financiera del Gobierno Regional durante varios años. De acuerdo con el informe, esta obligación legal habría sido regularizada solo tras iniciarse la investigación del ente contralor.
El diputado aseguró que estas observaciones respaldan denuncias formuladas anteriormente cuando ejercía funciones como consejero regional.
“Llevamos años denunciando las irregularidades en el Gobierno Regional y hoy la Contraloría nos da la razón de forma categórica. El gobernador no solo no rinde cuentas, sino que además le dio un portazo a la transparencia dejando sin responder más del 70% de las solicitudes de información de los consejeros”, señaló.
El informe también habría constatado demoras o ausencia de respuestas a requerimientos efectuados por consejeros regionales entre 2021 y 2024, situación que, según Contraloría, afectó el ejercicio de las labores fiscalizadoras del Consejo Regional.
Junto con ello, el documento identifica observaciones vinculadas a procesos administrativos, entre ellas pagos efectuados sin respaldo suficiente en sistemas de recepción conforme, falencias en mecanismos de control interno y diferencias detectadas en adquisiciones financiadas con recursos públicos, incluyendo antecedentes relacionados con la compra de un dron.
Asimismo, se mencionan retrasos en auditorías solicitadas por el CORE, incumplimientos de instrucciones emitidas por Contraloría y deficiencias en materias de transparencia activa.
Para Riquelme, los antecedentes revelan una situación estructural más que episodios aislados.
“Ya van cerca de siete informes de Contraloría que advierten lo mismo: descontrol, pagos sin recepción conforme, diferencias de plata en compras públicas y un desprecio absoluto por la ley. Esto ya no es desprolijidad, es una forma de gobernar al margen de las reglas”, sostuvo.
El parlamentario añadió que corresponde ahora a los consejeros regionales analizar eventuales acciones institucionales, considerando la gravedad de los antecedentes contenidos en el informe y las disposiciones legales asociadas a incumplimientos reiterados de deberes administrativos.
Hasta el momento, desde el Gobierno Regional encabezado por Jorge Flies no se incluye en este texto una respuesta respecto de las declaraciones del diputado ni sobre las observaciones señaladas en el informe.
