En el marco de la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, el programa «La Niñez y Adolescencia se Defiende» de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) se consolida como una pieza clave para asegurar que los menores de edad cuenten con defensa jurídica especializada en la Región de Magallanes. Sin embargo, las cifras de atención revelan una preocupante sobrecarga para el equipo regional.
El programa opera bajo la figura del curador ad litem —definido conceptualmente como «el abogado del niño»— y tiene la particularidad de intervenir de forma autónoma e independiente de los adultos o de la situación socioeconómica de las familias. Siempre que un Tribunal de Familia detecta la vulneración de los derechos de un menor, designa de oficio a este equipo para que asuma su representación obligatoria durante todo el proceso judicial.
Cifras críticas en la región
Pese a tener una cobertura de carácter regional que incluye despliegues territoriales a comunas como Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, el equipo humano es reducido. Está compuesto por apenas nueve integrantes: cuatro abogados en cancha, un abogado coordinador, dos trabajadoras sociales, un técnico jurídico y una administrativa.
La abogada del programa, Camila, detalló el complejo panorama estadístico que manejan:
«Hicimos un cálculo desde el 1 de enero de 2025 al 20 de abril de 2026 y, considerando que somos cuatro abogados, registramos un total de 2.598 causas vigentes, lo que representa un ingreso de 1.534 niños, niñas y adolescentes«.
Esta masiva entrada de casos se traduce en una extenuante agenda en los tribunales de la zona. Durante el mismo periodo evaluado, las profesionales confirmaron que debieron asistir y dar cobertura a 4.732 audiencias, una realidad que evidencia cómo la demanda judicial en Magallanes crece sostenidamente año tras año.
La punta del iceberg: Casos de alta complejidad
La abogada María José explicó que el foco principal del programa está en las vulneraciones de derechos de carácter grave. Entre las causas más recurrentes se encuentran disputas contenciosas de cuidado personal (tuición), regímenes de visitas, violencia intrafamiliar directa o contextual, procesos de cambio de sexo registral en adolescentes y regularizaciones adoptivas.
Asimismo, las profesionales advirtieron sobre un alza en casos complejos que involucran a lactantes y preescolares. Al no poseer un lenguaje verbal para manifestar su realidad, el equipo debe levantar información cruzada mediante una red de infancia que involucra directamente a los Centros de Salud Familiar (CESFAM), hospitales y jardines infantiles.
«A veces una inasistencia reiterada al colegio es solo la punta del iceberg. Cuando empezamos a indagar hacia abajo, nos encontramos con un estado multifactorial que daña al niño: consumo problemático de sustancias o alcohol por parte de los adultos responsables, violencia intrafamiliar y una profunda crisis de salud mental que los afecta directamente», señalaron las expertas.
Denuncias anónimas y el camino de la restitución
Frente al temor de la comunidad a realizar denuncias por posibles represalias entre vecinos, desde el programa recordaron que el sistema judicial contempla mecanismos estrictos de resguardo. El Tribunal de Familia tiene el deber de mantener la reserva de identidad o el anonimato del denunciante, permitiendo únicamente el acceso a dicha información a los curadores ad litem para proteger la integridad de quien alerta el hecho.
Una vez acreditada la vulneración en el tribunal, el proceso avanza hacia la etapa de restitución de derechos a través del Servicio de Protección Especializada (ex Sename) y programas de salud mental, donde la dupla sociojurídica del programa realiza un riguroso monitoreo e informes de seguimiento para asegurar que el entorno del menor vuelva a ser seguro y protector.
